Salvaguardas hipócritas

Vivimos tiempos apasionantes. Es todo tan ilusorio y sobrenatural, que las páginas escritas arden en nuestras manos conforme vamos leyendo lo que en ellas hay escrito. 

Fíjense en la cola que ha traído la dichosa Ley de 2004, que se vendió como un escudo integral contra la violencia de género. Veinte años después, sus excepcionalidades procesales siguen sin rendir cuentas ante principios básicos de toda nación libre como son la presunción de inocencia o la seguridad jurídica. No hace falta tener una opinión inmediata al respecto: basta con leer el texto normativo para constatar el alcance de sus procedimientos extraordinarios y demás acreditaciones ajenas al cauce penal ordinario. La vocación protectora era legítima. Pero la arquitectura jurídica, mucho más que discutible. 

Veinte años más tarde, sobre esta imperecedera columna vertebral, que anda siempre renqueante, llegó el monumento al populismo legislativo con la denominada ley del "solo sí es sí" (Ley Orgánica 10/2024). Las consecuencias hablan por sí solas. El Poder Judicial cifró en más de 1.200 las rebajas de pena y en 121 las excarcelaciones por aplicación retroactiva favorable. El Tribunal Supremo avaló las reducciones en una parte sustancial de los casos. No son valoraciones: son datos del CGPJ y análisis de sentencias del alto tribunal. El origen de aquel despropósito fue el caso de "La Manada". Dos instancias navarras lo tildaron de abuso sexual y buena parte de la sociedad se indignó exigiendo otro tipo de justicia (o de jueces), por no decir que exhortaba a enviar a la hoguera a los de la toga, por machistas, aunque uno de ellos fuese una mujer. El Supremo, posteriormente, corrigió la sentencia calificando el delito cometido por sus autores como violación múltiple. Pero la indignación social no acalló, y aunque pudiera parecer legítima (todo lo legítimo que puede ser mostrar desacuerdo por la sola razón de que no coincide con nuestras opiniones), se sintió tan remiso el ordenamiento jurídico para estos delitos contra las mujeres, que el Gobierno perpetró una respuesta legislativa promovida por la ministra comunista que había sido designada como tal durante las negociaciones mantenidas por compañero sentimental, el coletas, con el indocto que perdió las elecciones. Lógicamente, fue un desastre integral. Borrar la frontera entre abuso y agresión introduciendo un tipo único de delito, generó precisamente la cascada de revisiones que no se supo (ni pudo) evitar. Y mire usted, caro lector, que el razonamiento apesta a lógica aristotélica: si toda agresión sexual es violación, entonces toda violación es agresión sexual. Elemental., ¿verdad? Pero nadie asumió responsabilidades ante unas consecuencias que, por otra parte, fueron advertidas de antemano, y a las que, por supuesto, se hizo caso omiso.

Ibidem. La Ley Trans de 2023, también activada por la inefable ministra salida del grupo de cajeras del Saturn, consagró la autodeterminación registral desde los 16 años aplicando trámites gratuitos y sin aplicar ningún tipo de salvaguarda. El resultado fue el esperado: hombres que, manteniendo sus características biológicas completas, cambiaban de género para acceder a registros y espacios femeninos protegidos (incluso cárceles) para beneficiarse tanto de la anatomía como de la suspensión de igualdad en el régimen carcelario y jurídico. No hablamos de un debate esparcido sobre las identidades reales o inventadas de quienes se sienten otra cosa de lo que son (toda identidad es inventada, bien lo saben los independentistas de todo tipo), pero sí hablamos de la dejadez (y mala inquina) de un Gobierno legislador que prioriza siempre los titulares sobre la robustez normativa. Conviene añadir que aquella ley formaba parte de un movimiento jurídico y social ya obsoleto en muchas partes del mundo en aquel momento. De hecho, la ley española era un corta y pega de la más antigua ley canadiense, con todos sus errores y extras incorporados de serie. Las fracturas llegaron hasta el deporte de élite —olimpiadas incluidas— y las estadísticas oficiales. En el propio BOE se puede leer el alcance de la norma. El Tribunal Constitucional (pro gubernamental) mantiene encallado el recurso. Mientras tanto, el sentido común ha quedado cancelado por decreto, so pena de ser tildado de tránsfobos, terfas, fascistas y otras menudencias por el estilo.

Y, con este entramado crujiendo por todas partes, llegó la prueba de fuego definitiva que habría de iluminar el orbe donde medra nuestra siempre eficiente clase política: el "Me too" socialista, la evidencia palpitante en el partido más feminista del planeta, como ellos mismos han contado en innúmeras ocasiones. Tan feministas son, que en cuestión de semanas se ha producido un goteo interminable de denuncias por acoso sexual, algo que ha expuesto negro sobre blanco las diferencias existentes entre el relato oficial (incluido el BOE) y la gestión real de aquello que se relata. La retahíla no tiene desperdicio: desde las demoras inexcusables que se han producido para recabar información y testimonio a las denunciantes (cosa que siempre beneficia al acusado); pasando por la existencia de unos protocolos siempre activados tarde o nunca; hasta culminar en la decisión orgánica (y justificativa) del partido de gobierno de no remitir a la Fiscalía el caso más sonado de todo este repugnante asunto, con la excusa (bien paternalista, y eso que estaban en contra) de proteger la salud mental de la víctima. Es lo que hay. Veinte años gritando "te creemos, hermana" o proclamando lo muy feminista que uno es por ser socialista (no importa que después se haya pagado a este andoba, actualmente en prisión, los muchos devaneos prostibularios en que se enzarzaba, siempre con dinero público), para que finalmente a todo se le dé la vuelta cuando el acusado resulta que tiene carnet del partido y mando en plaza por ser amigo del indocto (al menos hasta que éste, cuya doblez es insólita en todo el sistema solar, reniegue de su antaño estrecha amistad, afirmando que o bien nunca existió o simplemente se le ha olvidado). Los hechos están consignados (y siguen consignándose) en medios generalistas y en los comunicados oficiales.

Finalmente, acabamos con la derecha, con la oposición. ¿Qué decir? Lo de siempre. Que lejos de ofrecer una alternativa coherente, que es a lo que debería dedicar la práctica totalidad de su tiempo, sigue oscilando entre un seguidismo ultrajante de las consignas socialdemócratas (pese a que ellos no se consideran así, y nosotros a ellos se supone que tampoco) y la demagogia punitiva más delirante de los últimos tiempos. Parece lógico teniendo en cuenta que en el Pp, que lleva años prometiendo desmantelar un edificio jurídico que considera arbitrario, pero que cuando llega el momento de efectuar modificaciones concretas, o siquiera de enunciarlas, manda un señor gallego especialista en refugiarse en pactos cosméticos que no tocan ni una coma de los artículos controvertidos, o simplemente prefiere no meterse en líos de relatos o narrativas, seguramente porque no tiene ninguna de las dos. Y no. No se trata de prudencia. Lo que es, es una hedionda cobardía electoral vestida de un centrismo mal entendido. Vox, por su parte, el favorito de los jóvenes, sigue a lo suyo: vociferando proclamas de máximos —como la siempre muy recurrida cadena perpetua, inexistente en nuestro ordenamiento jurídico— mientras contempla la podredumbre esparcida por la bancada socialista y se dedica a seguir peleando con los del partido de donde ellos partieron. Patético.

Mientras tanto, el ciudadano común —ese que no tiene vocero institucional— sigue absorto de que todo este esperpento esté pasando en el mundo en que vive. Ésa es la verdadera herida.