Mucha gente cree que el derecho a la vivienda no está implantado en España. Piensan que bancos, fondos buitre y ricos, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, la obstruyen con sus prácticas usureras. Cuando alguna de esta mucha gente acaba en el Parlamento, o en el mismísimo Gobierno, su primera actuación es legislar contra estos y otros tenedores de pisos y casas, culpándoles de la situación. A ninguno se le ocurre ponerse a resolver el asunto mediante las amas fiscales y legislativas que tienen: eso es demasiado cansado y puede salir mal (que se lo digan a las chicas de la igualdad esa).
Nos hemos acostumbrado en este tema a las arremetidas constantes contra el sector privado y los particulares, colocados todos bajo el paraguas de ser ricos y buitres, dentro de una cruzada en ayuda de los más desfavorecidos. Poco aludimos a la incompetencia manifiesta de los poderes públicos, algunos de ellos continuamente obsesionados con controlar el precio del alquiler, prohibir los desahucios y dar cancha a los okupas, olvidando que fue Franco quien primero congeló los alquileres y prohibió los desahucios en este país, con nefastas consecuencias. Y respecto a los desfavorecidos, produce sonrojo oír hablar al indocto Presidente y sus ministriles secuaces hablar del número de personas vulnerables y de la creciente pobreza de muchos ciudadanos como si todo ello fuese algo que no les compete: ¿no están en el Gobierno para tratar de poner remedio? Son los encargados de redistribuir la riqueza y repercutir los costes sociales del país de acuerdo a las posibilidades de cada cual. Por ejemplo, subvencionando el alquiler a una familia con innúmeros apuros para llegar a la segunda semana del mes. Pero no. Para ellos los problemas de la vivienda han de resolverlas, sí o sí, propietarios y arrendadores, única y exclusivamente. Será que, según ellos, los gobiernos están para otras cosas.
Si el alquiler es parte de un mercado, la lógica dicta que lo óptimo es favorecer el aumento de la oferta. Con su falta de lógica económica, la ideología de este Gobierno lo que consigue es reducirla. La inmensa mayoría de los arrendadores son propietarios de clase media que redondean de este modo sus ingresos. Hacer recaer en ellos la solución de los problemas habitacionales es buscar espuriamente un chivo expiatorio ante lo que no es sino una dejación populista de las responsabilidades gubernamentales con efectos que ya son nefastos.
Pues eso. El Gobierno, a lo suyo. Los desamparados, como siempre. Y los okupas, felices.
