La ley sobre la despatologización de la transexualidad responde a inquietudes de organismos tan dispares como la OMS (en uno de esos informes que nadie lee o nadie hace caso), la Comisión Europea (en una recomendación que data de 2015), el PSOE (en una Proposición de Ley presentada en 2017) y el partido de la Ministra de Igualdad (con otra Proposición más amplia, de 2018). Hasta ahí los antecedentes (alguno más hay). Esta ley en borrador forma parte del discurso habitual de muchas leyes. Algunos países en la UE ya la han aprobado. Numerosas Comunidades Autónomas contemplan las cuestiones identitarias del género, pero no las modificaciones en el Registro Civil, que es competencia del Estado. De ahí su necesidad.
Uno de los problemas que, a mi juicio, contiene dicha ley estriba en que quiere resolver de manera sencilla las muchas dificultades a que se enfrentan quienes viven los embates de su identidad sexual. Deja, además, un reguero de inconsistencias jurídicas al borrar de un plumazo los rasgos sexuales de la persona en aras de la prevalencia de su construcción sexual interna. Confróntese con una ley existente, la de violencia de género, donde se establece que es el sexo de la mujer la causa de su victimización. De repente, las mujeres son maltratadas o asesinadas por haber elegido su condición, y los hombres que infligen el daño o causan la muerte podrían dejar de recibir una pena más alta por su masculinidad innata si previamente se han declarado féminas.
Otro de los problemas es que prescinde la necesidad de evaluar la madurez y estabilidad del sujeto que dice aceptar su transexualidad al convertirlo en una simple cuestión sentimental. Es cierto que parece lastimoso que alguien acuda al Registro Civil para cambiar su sexo solo a causa de un capricho o una eventual incertidumbre sexual eufórica. Pero cosas más raras se ha visto. La ley (cualquier ley) incorpora en su espíritu la búsqueda de dignidad hacia quien padece situaciones atribuladas, pero no puede contemplar todas las excentricidades.
Indagar en las complejidades de una ley es más aburrido y penoso que dejarse llevar por las emociones ideológicas. Caer en la la tentación de atajar por uno cualquiera de los caminos de en medio conlleva abrir heridas más controvertidas que aquellas que desean sanar. Las sociedades son entidades complejas, tanto o más que sus individuos. No es baladí que muchos colectivos feministas e incluso desde el propio Gobierno hayan puesto el grito en el cielo con este borrador
