Extinción occidental

Occidente no se define por la sangre ni por el color de la piel, sino por una arquitectura cultural muy concreta: la primacía del individuo frente al grupo, la separación entre religión y poder político, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la libertad de expresión —incluida la blasfemia— y la idea, profundamente revolucionaria, de que la ley está por encima de la tradición. Esa civilización no es natural ni eterna; es frágil, costosa y requiere ser transmitida, asumida y defendida. No se sostiene sobre la etnia ni sobre la herencia biológica, sino sobre una construcción cultural y política extraordinariamente exigente. Dicha arquitectura no es universal ni espontánea; es una anomalía histórica que debe ser defendida si se quiere preservar.

El problema contemporáneo no es la inmigración en sí misma, sino la confusión deliberada entre pluralismo y renuncia cultural. Durante décadas, Europa y Estados Unidos han asumido que toda incorporación demográfica es neutra, que los valores se pueden diluir sin consecuencias y que la integración ha de ser automática. La experiencia empírica demuestra justamente lo contrario. La cohesión social no sobrevive cuando se importan sistemas de creencias que niegan principios básicos del orden liberal y, además, se renuncia a exigir su aceptación. El debate migratorio contemporáneo suele esquivar este núcleo esencial. Se habla de cifras, de economía o de demografía, pero se evita una cuestión incómoda: la compatibilidad cultural. No todas las culturas políticas son intercambiables ni todas las cosmovisiones aceptan sin fricción el Estado laico, la igualdad ante la ley o la autonomía individual. Fingir que estas tensiones no existen es una irresponsabilidad.

No todas las culturas políticas son equivalentes. Lo vemos a diario en las noticias de la prensa escrita. Algunas culturas colocan la ley civil por debajo de la religiosa. Otras subordinan a la mujer, castigan la disidencia con la prisión a perpetuidad y la pena de muerte, o consideran ofensiva la libertad de pensamiento. Sostener que estas tensiones no existen —o que señalarlas es moralmente reprobable— es la descripción más nitida de la ceguera ideológica. La tolerancia auténtica exige un marco común; sin él, se convierte en autoerosión.

Durante años se ha confundido pluralismo con relativismo. La idea de que cualquier sistema de valores puede coexistir sin conflicto dentro de un mismo marco jurídico ha demostrado ser falsa. Cuando el Estado renuncia a exigir la aceptación de principios básicos —ley civil, derechos fundamentales, libertad de conciencia— aparecen sociedades paralelas, zonas de excepción cultural y una fragmentación que erosiona la cohesión social. Porque la integración no es un acto simbólico ni una declaración de buenas intenciones. Es un proceso exigente que implica idioma, normas, derechos y deberes. 

Defender ciertos límites no equivale a rechazar a las personas. Significa afirmar que el acceso a una comunidad política implica asumir las reglas del juego. El idioma común, el respeto a la ley, la igualdad entre sexos y la subordinación de cualquier creencia al orden jurídico no son negociables. Sin ellos la convivencia liberal se vuelve inviable.

Occidente tiene derecho a preservar su modelo civilizatorio sin complejos y sin odio. No se trata de excluir personas por su origen, sino de afirmar con claridad que ciertos principios no son negociables. El Estado laico, la igualdad ante la ley y la libertad individual son la base misma del contrato social occidental. Occidente no tiene la obligación moral de diluirse para demostrar tolerancia. La tolerancia auténtica solo es posible dentro de un marco compartido; sin él, se convierte en una forma de autonegación. Renunciar a defenderlos, por miedo a ser malinterpretados o por comodidad moral, es una forma lenta y educada de extinción. 

SI vamos a extinguirnos, por favor, que no sea antes de yacer a cuatro palmos del suelo.