Doble rasero luctuoso

Desde la Transición, España arrastra la anomalía política de disponer de una igualdad formal de los ciudadanos conviviendo con una desigualdad práctica determinada por el territorio. No todos los españoles pesan lo mismo ante el Estado. Algunos territorios nacieron constitucionalmente blindados por privilegios históricos y políticos; otros asumieron, sin protestar, un papel secundario en nombre de la estabilidad. Aquella asimetría inicial, aceptada como mal menor, ha terminado por convertirse en un sistema de trato diferencial plenamente normalizado, basado en la estricta práctica del egoísmo y la avaricia.

Durante décadas se justificó esa desigualdad como precio de la convivencia. Hoy, con el indocto, ni siquiera se disimula. El actual desgobierno ha convertido la sumisión política a los nacionalismos catalán y vasco en el eje de su supervivencia parlamentaria. Es algo que ni los turiferarios de turno niegan. El sanchismo ha llevado esa lógica hasta su expresión más obscena, subordinando la acción del Estado a las exigencias de ciertos delincuentes a los que tuvo que aministiar e incluso reconvertir en probos hombres y mujeres de estado trasquilando y reescribiendo las leyes que nos protegían de ellos. 

Hoy no abordo este tema porque esté preocupado por la financiación, los indultos o las amnistías repugnantes. Hoy lo abordo porque toda España sufre el duelo de las víctimas del terrible accidente ferroviario acaecido en el sur, en una de esas regiones donde sus ciudadanos poseen un único deber: contribuir y callar. 

Todo hubiera quedado en el dolor si no hubiese sucedido un segundo accidente de tren. Esta vez, en Cataluña. El contraste en la gestión de ambos accidentes no admite coartadas. Donde el territorio es políticamente determinante, la maquinaria del Estado se activó con celeridad. Comparecencias inmediatas, asunción de costes, dos ceses fulminantes y un relato cuidadosamente diseñado para proteger al aliado nacionalista. Donde no lo es, donde las muertes se avistan como impertinentes molestias que, en algún momento, pasarán al olvido, se ha impuesto la lentitud, la opacidad, las mentiras continuadas y la huida de responsabilidades. 

El ministro de Transportes, ese hombre a medio camino entre el eslabón perdido y el chulo del barrio sin moral ni escrúpulos, verbalizó hace un año, cuando una riada se llevó por delante la vida de cientos de personas en Valencia, un principio revelador: no debía obligarse a las víctimas a coincidir con quien consideran responsable, directo o indirecto, de una tragedia (lo dijo por Mazón, ese otro inútil que tardó demasiado en dimitir). Podríamos aplicar dicho principio a él mismo en esta tragedia que ha asolado nuestro país. Las víctimas no tienen por qué ver su feo rostro de cromañón y de responsable directo del accidnete. Y, ya puestos, tampoco el del puto zombi al que tanta veneración profesa. 

España se ha roto con una vía. España entera. No solo por abajo, por la degradación de los servicios públicos de los que nos enorgullecíamos hasta hace dos días. Ni por los fallos masivos de las infraestructuras por las que transitamos. Se está rompiendo por acción de los despreciables políticos cuyas miras no alcanzan más allá de sus traseros y por la renuncia, deliberada o por incapacidad, de blandir una dialéctica contraria al ejercicio de este poder que trata a los ciudadanos con distinto rasero.