Violencia, memoria y simulacro

La historia del terrorismo en Europa occidental durante el siglo XX y principios del XXI no puede entenderse sin el análisis de dos organizaciones que, desde contextos distintos, marcaron profundamente la vida de sus respectivas comunidades: ETA en el País Vasco y el IRA en Irlanda del Norte. Ambas nacieron como respuestas a conflictos políticos y culturales de larga duración, y ambas adoptaron la violencia como herramienta de transformación. Pero más allá de los atentados, las víctimas y los titulares, su legado más duradero y menos visible ha sido el desplazamiento humano, el éxodo de quienes no pudieron o no quisieron vivir bajo la sombra del miedo.

ETA (Euskadi Ta Askatasuna), fundada en 1959, surgió como una organización nacionalista vasca en oposición al franquismo. Sin embargo, su evolución la llevó a convertirse en una estructura armada que, durante más de cinco décadas, ejecutó una campaña sistemática de violencia. Entre 1968 y 2002, ETA cometió más de 3,300 atentados, dejando 856 víctimas mortales, más de 2,000 heridos y al menos 66 secuestros. Entre los asesinados, 21 eran niños, víctimas de atentados indiscriminados contra casas cuartel y espacios civiles. Su estrategia combinó asesinatos selectivos —dirigidos contra políticos, empresarios, jueces, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad— con atentados indiscriminados, como el de Hipercor en Barcelona (1987), que mató a 21 personas y dejó 45 heridas.

El IRA (Irish Republican Army), por su parte, tiene una historia más larga, pero su fase más activa y violenta se dio entre 1969 y 1998, con el surgimiento del Provisional IRA. Su objetivo era la reunificación de Irlanda y la expulsión del Reino Unido de Irlanda del Norte. En ese periodo, el IRA fue responsable de aproximadamente 1,800 muertes, incluyendo más de 600 civiles. Sus métodos incluyeron bombas en pubs, estaciones y edificios gubernamentales, así como tiroteos y asesinatos selectivos. En Londres, por ejemplo, se registraron más de 250 ataques con explosivos y 19 tiroteos vinculados al IRA.

Ambas organizaciones compartieron una lógica de guerra de desgaste contra el Estado, pero sus impactos sociales y demográficos fueron distintos. En el caso del IRA, el conflicto conocido como The Troubles provocó una reconfiguración sectaria de barrios y ciudades en Irlanda del Norte. Decenas de miles de personas fueron desplazadas internamente, huyendo de zonas donde su identidad religiosa o política los convertía en blanco. Sin embargo, este desplazamiento fue mayoritariamente interno y menos documentado oficialmente.

En el País Vasco, el fenómeno fue diferente. Según estudios como el del CEU-CEFAS, se estima que al menos 180,000 personas abandonaron Euskadi entre 1977 y 2022 por razones directamente vinculadas a la violencia de ETA. Esto representa cerca del 9% de la población vasca en 1977. A diferencia del caso irlandés, el éxodo vasco fue externo, silencioso y prolongado. No se trató de desplazamientos temporales, sino de rupturas definitivas con el territorio. Muchas de estas personas eran funcionarios, empresarios, profesores, periodistas o simplemente ciudadanos que no compartían la visión nacionalista radical de ETA y que fueron objeto de amenazas, extorsiones o campañas de señalamiento público.

La violencia no fue el único factor. El modelo político excluyente que se consolidó en el País Vasco durante los años de mayor actividad de ETA dificultó el retorno de los exiliados. La falta de garantías democráticas, el silencio institucional ante los asesinatos, y la normalización del discurso de “conflicto político” en lugar de “terrorismo” contribuyeron a que muchas víctimas sintieran que no había lugar para ellas en su tierra natal. A esto se suma la pérdida demográfica indirecta: hijos que no nacieron en Euskadi, familias que se establecieron en otras regiones, y una memoria colectiva fragmentada por el miedo.

Estos datos no son historia, aún no, porque por esa llaga abierta aún sangran muchas familias. Y, sin embargo, en pleno 2025, 71 homenajes a etarras han sido celebrados este verano en el País Vasco y Navarra, 25 de ellos promovidos por ayuntamientos gobernados por EH Bildu, según denuncia Covite. En estos actos, los rostros de asesinos condenados se exhiben en pancartas, se les dedica música festiva, aurreskus y hasta pregones. No hay fotos de los niños muertos. 

Sortu, el partido que lidera EH Bildu, agradece públicamente a terroristas recientemente fallecidos de causas naturales, como Jakes Esnal, "por trabajar por el país", ignorando que ese "trabajo" incluyó, en el caso del etarra que acabamos de mencionar, el asesinato de cinco niños en Zaragoza en 1987. Y mientras tanto, los poderes públicos callan. Ni siquiera hay una condena institucional firme. La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo exige que estos homenajes sean prohibidos. Pero no se cumple.

EH Bildu, con Sortu como columna vertebral, ocupa 27 de los 75 escaños del Parlamento Vasco, 6 diputados en el Congreso, 5 senadores, y más de 1,400 concejales en todo el país. En muchos municipios, gobierna. En otros, marca la agenda. Y en todos, normaliza el relato de que los asesinos fueron "militantes antifascistas", como ha dicho su secretario general, Arkaitz Rodríguez.

En todo este tiempo, la sociedad vasca, lejos de sanar, se ha desangrado demográficamente. Los jóvenes se marchan. Según estudios recientes, el País Vasco ha perdido atractivo migratorio interno, y la emigración exterior ha crecido tras la crisis. La percepción social endurecida hacia la inmigración y la precarización laboral han contribuido a un clima de desafección y huida. Porque el daño causado por ETA no terminó con su disolución en 2018. Hoy, el dolor se reactiva cada vez que el Gobierno de España, liderado por el PSOE, legitima políticamente a EH Bildu —formación heredera de la izquierda abertzale vinculada históricamente a la banda terrorista— y la convierte en socio parlamentario y municipal. Esta normalización no es solo una estrategia de supervivencia política: es una traición a la memoria de las víctimas.

El pacto del PSOE con EH Bildu para investir a Pedro Sánchez y para entregar alcaldías como la de Pamplona ha sido calificado por asociaciones de víctimas como una bajeza moral y un pacto de la vergüenza. En Navarra, donde ETA asesinó a 42 personas, seis víctimas se han alzado públicamente contra esta alianza, recordando que incluso 12 militantes del propio PSOE fueron asesinados por la banda. ¿Qué significa para sus familias ver cómo el partido que representa al Gobierno entrega poder institucional a quienes jamás han condenado el terrorismo y siguen homenajeando a sus autores?

La participación de EH Bildu en la gobernabilidad nacional y local no es un gesto aislado. En la XIV legislatura, EH Bildu ha votado a favor de más de 80 iniciativas legislativas del Gobierno. Pedro Sánchez, que en 2015 prometía no pactar "nada" con Bildu, ha roto esa promesa en múltiples ocasiones. La contradicción es evidente: mientras en Euskadi el PSOE critica a Bildu por no llamar a ETA banda terrorista, en Madrid lo considera socio fiable para sacar adelante sus políticas sociales.

Este doble discurso erosiona la credibilidad institucional y hiere profundamente a las víctimas. Covite y AVT han denunciado que el perdón que algunos dirigentes de EH Bildu han ofrecido es falso y no creíble, porque nunca va acompañado de una condena explícita del asesinato como método político. Mientras tanto, el PSOE vota junto a Bildu y el PNV para evitar que los crímenes de ETA se estudien en las aulas vascas, borrando así la historia reciente del terrorismo. 

La legitimación política de EH Bildu por parte del PSOE es mucho más que una cuestión fáctica. Representa el abandono de los principios democráticos en favor de la aritmética parlamentaria. Es el mensaje implícito de que el poder vale más que la memoria. Y es, sobre todo, una humillación para quienes perdieron a sus padres, hijos, hermanos o amigos por defender la libertad frente al terror, o simplemente por pasear por la calle. Por eso no es un asunto que hable de ideología ni de alternancia política. Se trata de ética, memoria y justicia. De no permitir que quienes justificaron el asesinato de niños ocupen espacios públicos sin una respuesta firme del Estado. Porque el olvido es el segundo crimen que se ha cometido con ellos, y ése no lo han perpetrado las armas y bombas de unos monstruos y sus muchos cómplices.