Es indignante la cantidad de franquistas que corren por las calles como conejos por el campo. Cuarenta y cinco años más tarde, muerto el dictador de franco nombre, enterrado dos veces sin que se haya advertido intentona de escapismo de su momificado cadáver, los simpatizantes del bajillo caudillo siguen siendo un problema de primer orden en este país y en esta tierra (España y Euskadi, elija usted el orden, las dos opciones valen).
Observo varios problemas en esto de convertir la Historia en leyes para el buen recuerdo. Por ejemplo, la desconfianza de nuestros legislativos hacia las gentes: quizá piensen que ninguno somos capaces de discernir lo que pasó tras la Guerra Civil (salvo ellos) y que vivimos al albur de las vocinglerías del exégeta de turno. Como si las décadas en democracia no hubiesen servido para nada. Pero una cosa es promover los esfuerzos por exhumar los cadáveres de quienes se enfrentaron a los sublevados y yacieron sepultados por ello bajo años de tierra y olvido, acto de reparación que todos hemos de celebrar, y otra imponer multas por enaltecer el decurso de un régimen ya periclitado. No es lo mismo decir "Gora Franco" (evidente exaltación) que "La sublevación de Franco fue debida al mal gobierno de la Segunda República". Ambas las rechazo, pero la primera es excluyente y la segunda sí invita a debatir o a seguir buscando en los libros razones para argumentar en contra de quien lo profiere.
Aunque resulte tópico recordarlo, en Euskadi se aplaude y encumbra a miserables asesinos aún vivos. Lo de "fomentar principios y valores éticos y democráticos, la dignidad de todas las personas, los derechos humanos, la cultura de la paz, la convivencia, el pluralismo político y la igualdad de género, frente a los discursos de la exclusión, la intolerancia y la negación" no parece entrar en contradicción con los aplausos en los ongi etorris hacia quienes mataron salvajemente a inocentes, incluso maniatados como estuvo Miguel Ángel Blanco. Para los aplaudidores, Sortu y compañía, es lícito celebrar la vuelta a casa de quienes han cumplido sus penas de prisión. Para las víctimas, casi todas ellas asesinadas durante una democracia mejor y más integradora que la propugnada por semejantes bestias humanas, se trata de una afrenta intolerable que goza del silencio (no sé si cómplice, traidor, interesado o simplemente estúpido) de quienes no dudan en imponer multas en defensa de una memoria que lleva décadas escribiéndose y analizándose en los libros de Historia.
