El asunto de los sobrecostes en la obra pública es asunto tan extendido en el sector como aburrido para efectuar una disquisición. Al menos en España. Ignoro si en Panamá (y otros países) se usa y abusa de las mejoras y correcciones posteriores de un proyecto para enjugar las rácanas cifras que triunfan a la hora de abrir la plica. Supongo que sí: no somos tan especiales como algunos catastrofistas anuncian estos días. Pero cierto es que, si bien los ajustes y variaciones suelen venir estipulados en las cláusulas de los contratos de las obras, las empresas constructoras pueden forzar fácilmente a una administración a hacer lo que mejor les convenga porque cualquier retraso o paralización cuesta mucho más que el sobrecoste exigido. El cemento tiene estas cosas. Siempre las ha tenido.
A mí lo que me espanta de la apertura en canal de las vergüenzas de Sacyr, respecto a su lío panameño, es la manera esperpéntica en que todo esto ha salido a la luz: estas confrontaciones se resuelven a golpe de negociación y más negociación, teniendo la discreción por norma. Muestra de debilidad de una empresa en quiebra, supongo. Ahí está el Cesce para rematar el higo. Y puesto uno a espantarse, también asusta la prontitud con que el Gobierno acude en pos de repsoles y sacyres frente a la lentitud que exhibe en casi todo lo demás, como si de los aparatosos líos internacionales em que se ven envueltos se desprendiese un estigma insoportable para la “Marca España” (marquita ya a estas alturas). Y nada es insalvable. Pasamos por un mal momento. Ya se sabe que a perro flaco todo son pulgas. Si de verdad desean darle brillo y esplendor a la marca de marras, deberían empezar por devolver las riendas a los perros de presa del sistema (controladores e inspectores) en lugar de emplear los habituales trampantojos con las empresas (siempre del Ibex, claro) para mofa de ciudadanos. Ah, consistirá en esto la democracia: en urdir telarañas para que no veamos más allá de nuestras narices: libertad de miras cortas, que llaman. ¡Cómo no va a existir corrupción!
Nuestras empresas constructoras son excelentes. Los mediocres son quienes usted y yo sabemos. El hecho de que se embarquen en fastuosos y complejos proyectos internacionales con rebajas tipo precipicio solo evidencia el agotamiento de un sistema patrio de hacer obras que se remonta a los tiempos de Primo de Rivera y al que nuestros miedosos prebostes siempre convierten en cuestión de Estado.
A mí lo que me espanta de la apertura en canal de las vergüenzas de Sacyr, respecto a su lío panameño, es la manera esperpéntica en que todo esto ha salido a la luz: estas confrontaciones se resuelven a golpe de negociación y más negociación, teniendo la discreción por norma. Muestra de debilidad de una empresa en quiebra, supongo. Ahí está el Cesce para rematar el higo. Y puesto uno a espantarse, también asusta la prontitud con que el Gobierno acude en pos de repsoles y sacyres frente a la lentitud que exhibe en casi todo lo demás, como si de los aparatosos líos internacionales em que se ven envueltos se desprendiese un estigma insoportable para la “Marca España” (marquita ya a estas alturas). Y nada es insalvable. Pasamos por un mal momento. Ya se sabe que a perro flaco todo son pulgas. Si de verdad desean darle brillo y esplendor a la marca de marras, deberían empezar por devolver las riendas a los perros de presa del sistema (controladores e inspectores) en lugar de emplear los habituales trampantojos con las empresas (siempre del Ibex, claro) para mofa de ciudadanos. Ah, consistirá en esto la democracia: en urdir telarañas para que no veamos más allá de nuestras narices: libertad de miras cortas, que llaman. ¡Cómo no va a existir corrupción!
Nuestras empresas constructoras son excelentes. Los mediocres son quienes usted y yo sabemos. El hecho de que se embarquen en fastuosos y complejos proyectos internacionales con rebajas tipo precipicio solo evidencia el agotamiento de un sistema patrio de hacer obras que se remonta a los tiempos de Primo de Rivera y al que nuestros miedosos prebostes siempre convierten en cuestión de Estado.
