España accidentada

Hace muchos años, más de treinta, tuve el privilegio, y también el honor, de conocer al pulgareño Gonzalo Payo, eximio sismólogo del cuerpo de geofísicos del Instituto Geográfico Nacional, y director del Observatorio Central, situado en Toledo. En la capital manchega era conocido por haber sido el segundo presidente de la junta de comunidades de Castilla La Mancha, en la época preautonómica. De hecho, en el apunte biográfico de Wikipedia solo se apunta su actividad política, relegando al olvido (en ese compendio, al menos) toda su trayectoria profesional, bien tachonada de hitos y merecimientos muy superiores a las efemérides ahora recordadas. Pero esa es otra historia. Por cierto: fue un buen amigo mío, pese a la diferencia de edad. Realicé muchas incursiones al Observatorio Central, donde aprendí sismología de su mano, y él, una vez que empezaba a despuntar como investigador científico, participó en el tribunal que discutió mi tesis doctoral. 

Gonzalo ejerció de presidente preautonómico en una época en que España era un país pobre y sus dirigentes, con todas las miserias propias de cada época, sí parecían disponer de una conciencia bastante precisa de lo que significaba dejar de serlo. Entonces, y mucho antes, se construían carreteras, hospitales, escuelas, embalses y ferrocarriles. Pocos, por aquello del olvido semisecular europeo hacia nuestra dictaduría, y con medios que hoy consideraríamos insuficientes. Entonces había también corrupción, incompetencia y arbitrariedad, desde luego, que de eso nunca falta, pero tampoco faltaban ingenieros, funcionarios y responsables públicos capaces de entender su trabajo como una obligación hacia una nación que todavía estaba por emprender su definitiva.

Lo extraordinario es que ahora, cuando aquel país entonces atrasado e incompleto, dispone de recursos, tecnología y conocimientos, capacidades que nuestros abuelos no hubieran podido ni tan siquiera imaginar, resulta que hemos perdido la voluntad de hacer bien las cosas. La tragedia ferroviaria de Urda obliga a preguntarse qué ha ocurrido con esa voluntad. Para quienes disculpan y justifican la neutralidad de los errores que conllevan pérdidas de vidas humanas, les diría que la enfermedad es bastante anterior a la tragedia de Urda. También les pediría que aprendiesen de las aerolíneas, un sector privado regido por instituciones públicas o semipúblicas internacionales, que, no obstante, jamás escatima en prevención y aprendizaje de los accidentes que, desdichadamente, siempre acontecen. Los habrá tan fanáticos que piensen que esto es simplemente mala suerte. Cualquier cosa por proteger el indocto y su recua de incapaces ministriles. Pero los trenes no empiezan a fallar el día que descarrilan o colisionan. Ya han fallado en el momento en que un organismo de gobernanza como el Ministerio de Fomento o Infraestructras (o como deseen llamarlo ahora) deja de considerar intolerable aquello que debería serlo.

Quien haya dirigido alguna vez una instalación industrial sabe que la seguridad no depende de la infalibilidad de sus trabajadores. Depende de que los errores sean previsibles, detectables y, en la medida técnicamente posible, evitables e incapaces de producir una catástrofe. Para eso existen los procedimientos, las redundancias, las inspecciones, las auditorías y las cadenas de responsabilidad. Y para eso se paga a quienes dirigen las organizaciones: no para explicar los accidentes cuando ocurren, sino para haber hecho cuanto estuviera razonablemente en su mano para evitarlos. Pero en España hemos construido una administración donde la responsabilidad parece circular siempre hacia abajo y el mérito, invariablemente, hacia arriba. Los ministros inauguran y los técnicos yerran. El presidente anuncia y los funcionarios incumplen. Los prebostes presumen de inversiones millonarias y los operarios saltan a dar explicaciones cuando algo deja de funcionar. Cuanto mayor es el despacho, más difícil resulta encontrar a alguien que responda de lo sucedido. Y, entretanto, olvidémonos de lo que significa realmente un servicio público.

El ferrocarril no es un decorado para gloria de las campañas electorales de los políticos de turno. Es la posibilidad de que una enfermera llegue a su hospital, de que un estudiante regrese a casa, de que una familia pueda vivir lejos de la ciudad sin renunciar a su trabajo, de que un comercial pueda mantener una reunión con un cliente donde exponga la solución a un problema. De igual manera que la puntualidad no es un lujo burgués, ni la seguridad una prestación adicional. La fiabilidad de los transportes determina la libertad cotidiana de millones de personas. Esto es algo que no cabe en la cabeza de nuestros políticos, contumaces dispendadores del dinero público, ese que una misnitra y actual consejera del Estado declaró no ser de nadie (vaya tela) sin que se le cayera la cara de vergüenza (lo que no se le cayó jamás es su cognición, por inexistente me refiero). Por eso mismo, un tren que llega sistemáticamente tarde a su cita con la estación de destino también representa, aunque en una dimensión incomparable con la tragedia, un fracaso social. Roba horas de vida, compromete empleos y convierte en incertidumbre lo que debería ser una maravillosa y confiable rutina. Cuando los ciudadanos comienzan a desconfiar de aquello que antes daban por seguro, podemos proclamar que el deterioro institucional ya ha penetrado en sus vidas.

No necesitamos más inauguraciones. Necesitamos organizaciones capaces de mantenerse, aprender y corregirse. Directivos elegidos por su competencia, no por su obediencia al indocto de turno. Indicadores que midan averías y riesgos, no únicamente viajeros transportados o kilómetros construidos. Presupuestos que protejan el mantenimiento incluso cuando si no producen fotografías para los titulares de los diarios (aunque sospecho que muchos de los fanáticos de hoy son férreos defensores de las fotos con sus prebostes favoritos inagugurando cosas). Y, sobre todo, necesitamos responsables que escuchen a los profesionales antes de que sus advertencias se conviertan en investigación judicial.

Nada de todo lo anterior es ideológico. Es gestión. Es, sencillamente, gobernar. Cosa que ni el indocto, ni el ministro neardentalés (que me perdonen los Homo sapiens neanderthalensis), ni muchos otros, entienden en absoluto. 

Quizá la diferencia más triste entre aquella España atrasada que establecía al principio de esta columna (y que con tanta probidad como dedicación figuras desinteresadas como Gonzalo Payo se esforzaron por cambiar) y esta España tecnológicamente avanzada, pero anquilosada en un atraso inaugurador permanente) sea que nuestros antecesores contemplaban las deficiencias como problemas que debían resolverse, mientras que los dirigentes actuales las consideran inconvenientes hacia las que sienten una pasividad proverbial. Gonzalo Payo aspiraba a entregar a las generaciones venideras un país mucho mejor. Estos de ahora parecen conformarse con convencer a los ciudadanos de que ya viven en él mientras se dedican a forrarse los bolsillos y esputar improperios en las redes sociales contra la mitad de votantes que no los eligen. La política ha convertido esa sustitución de la realidad por su relato en una profesión extraordinariamente rentable. Los fieles más obstinados (esos que vengo denominado fanáticos) defenderán cualquier explicación, incluso cuando resulte incompatible con la evidencia. No merece la pena discutir con quien ha decidido que la lealtad a unas siglas vale más que la verdad a un debate sin intereses creados. 

Un país no comienza a retroceder cuando se queda sin dinero para construir mejores servicios e infraestructuras, sino cuando quienes administran lo que otros construyeron dejan de sentir el deber de conservarlo.