Hay que reconocerle a este desGobierno una virtud extraordinaria: ha conseguido que los españoles paguemos cada vez más impuestos sin que tengamos la desagradable sensación de estar enriqueciéndonos. Es una hazaña económica de primer orden. En otros países, cuando aumenta la recaudación, suele aumentar también la prosperidad. Aquí hemos perfeccionado el procedimiento inverso: cuanto más contribuye el ciudadano, menos dinero encuentra en su bolsillo y peores servicios e infraestructuras disfruta. Se llamará redistribución, palabrota que siempre usan los gobiernos y desgobiernos para justificar el movimiento de segur a la cuenta corriente de los españolitos de a pie. Lo que todavía no sabemos es hacia dónde se orienta esa redistribución tan bien redistribuida.
En 2025, Hacienda recaudó 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior. Una noticia magnífica... para Hacienda que, por mucho que lo repitan, no somos todos, sino solamente ellos. El IRPF, que es el impuesto que importa al ciudadano, aportó 142.466 millones, lo que supone un 10,1% más. Son cifras que deberían conmovernos. Empresas y ciudadanos arrimando el hombro de igual manera. De lo anterior se colige que el Estado goza de una salud financiera recaudatoria envidiable mientras sus administrados experimentan la emocionante aventura de llegar con vida (económica) a fin de mes. Hay que admitir que pocas políticas consiguen repartir tan equitativamente la incertidumbre. El mecanismo más ingenioso es el de la inflación. Supongamos que usted cobra 30.000 euros y que su empresa, conmovida por el encarecimiento de la vida, decide aumentarle el sueldo. No se entusiasme. Su salario sube para que pueda seguir comprando aproximadamente lo mismo, pero Hacienda interpreta el incremento nominal como un ascenso social. Usted no es más rico, pero tributariamente lo parece. Es una modalidad de ficción administrativa que habría fascinado a Kafka. La negativa a actualizar plenamente el IRPF conforme a la inflación constituye una refinada técnica recaudatoria: permite elevar la carga fiscal efectiva sin tener que anunciar una subida de tipos. Dicho de otra manera, el desgobierno sube los impuestos dejándose llevar por la corriente. El Ministerio de Hacienda cifró en 2.294 millones la recaudación adicional de 2025 atribuible a esa falta de actualización. No es necesario aprobar solemnemente nuevos impuestos cuando resulta que basta con dejar que el tiempo haga el trabajo. La inflación pone el dinero; el contribuyente, la paciencia y el hartazgo, según toque.
Naturalmente, se nos explica que todo responde a la necesidad de sostener los servicios públicos. Y aquí comienza la parte más interesante del experimento. Porque uno supondría que una recaudación extraordinaria debería traducirse en una experiencia igualmente extraordinaria a la hora de acudir al médico, buscar una vivienda, utilizar el ferrocarril o realizar cualquier trámite administrativo. Sin embargo, el ciudadano siempre acaba descubriendo que, siendo su contribución inmediata, la contraprestación es diferida. Muy diferida. Será que no hemos comprendido bien el concepto de Estado del bienestar, o que tal vez nunca se especificó de quién debía ser el dichoso bienestar. Conviene, por supuesto, no caer en simplificaciones. Hay servicios públicos que funcionan razonablemente bien, aunque sea difícil nombrar uno, y profesionales que sostienen con enorme esfuerzo estructuras sometidas a una demanda creciente, o que al menos se defienden entre ellos cuales gatos panza arriba (colectivo de profesores, médicos, etc.). E igualmente, parece poco serio atribuir todos los problemas a un solo desgobierno y olvidar las responsabilidades autonómicas. Pero precisamente por eso resulta tan pintoresca la insistencia en presentar cada récord recaudatorio como si constituyera, por sí mismo, un éxito colectivo.
Mire usted. Recaudar no es gobernar, y gobernar no es recaudar, aunque lo parezca (seguramente lo único en lo que se esmera el desgobierno del indocto). Como tampoco gastar equivale necesariamente a gestionar. Cualquier organización privada que incrementara sus ingresos de manera sostenida mientras sus clientes expresan insatisfacción tendría que explicar qué está haciendo con el dinero. En el sector público, en cambio, la explicación suele consistir en solicitar más dinero. La deuda pública añade otra dimensión fascinante. Pagamos impuestos presentes para financiar servicios presentes y acumulamos obligaciones futuras para que nuestros hijos tengan también ocasión de participar en el proyecto de este presente tan maravilloso. Es una hermosa solidaridad intergeneracional: nosotros abonamos la entrada y ellos heredan una parte importante de nuestra factura de ahora. El déficit garantiza, además, que esta generosidad nunca termine.
Se dirá, con razón, que España mantiene una presión fiscal inferior a la media europea. Es cierto. También es cierto que la comparación pierde parte de su encanto cuando se ignoran las diferencias salariales, de productividad y de renta disponible. No basta con aspirar a recaudar como los países más prósperos. Sería deseable que la prosperidad llegara antes, o al mismo tiempo, que los impuestos. Pero está claro que exigir una relación perceptible entre impuestos y resultados no deja de ser una pretensión excesivamente mercantilista y capitalista, de la que deberíamos todos abominar. El contribuyente moderno ha de desarrollar una fe superior. Debe pagar convencido de que el dinero encontrará su destino, aunque ese destino resulte difícil de identificar fuera de las evoluciones patrimoniales de los políticos y prebostes. Porque cuando las circunstancias no mejoran, y llevan mucho tiempo desmejorando, a nadie creo que se le va a ocurrir consolarse pensando que, al menos, la recaudación ha vuelto a batir otro récord.
En el fondo, hemos convertido la fiscalidad en una peculiar disciplina espiritual. El ciudadano trabaja, contribuye, espera y renuncia. El Gobierno recauda, celebra, promete y solicita nuevos sacrificios. Ambos participan del mismo ritual, aunque solo uno tiene la facultad de decidir cuánto cuesta. Y así avanzamos hacia una sociedad admirable en la que quizás algún día todos seamos iguales: igualmente dependientes, igualmente resignados e igualmente sorprendidos cuando descubramos cuánto nos cuesta mantener la maquinaria que debía servirnos para algo y que, en efecto, no sirve absolutamente para nada. La buena noticia es que, cuando finalmente no nos quede ni un ápice de prosperidad, Hacienda podrá anunciar que ha terminado con todas las desigualdades patrimoniales. Y la mala que aún nos pedirá la siguiente declaración de la renta.
Convénzase. Vienen a por nosotros. Eso de enrasarnos a todos por abajo es la máxima de todo progresista que se precie.
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