El ultraje espiritual de Occidente

Si los inmigrantes que, legal o ilegalmente, pretenden acceder a las fronteras españolas o de la UE, tuviesen como objetivo dejar atrás por completo las configuraciones políticas, sociales y religiosas que los obligaron a huir de sus países (y añadiría que, en muchos casos, todas las peculiaridades culturales desprendidas de los tres ámbitos antes enunciados), y quisieran unirse al estilo de vida al que intentan acceder, si todo eso pasase, muchos de los debates que se hallan ahora encima sobre la mesa acerca de la inmigración ilegal se acabarían de un plumazo. El problema es que, por paradójico que pueda resultar, son inmigrantes que desean mantener sus peculiaridades oriundas contra viento y marea, aprovechando la laxidad con que el ciudadano europeo acoge todas estas manifestaciones aberrantes. 

Hay algo cómico, aunque sería más apropiado decir que es bastante triste, en nuestra civilización, que tardó siglos en zafarse a los dioses de encima (con todas sus restricciones impositivas) y, pese a la evidencia de su alcanzada superioridad política, material e intelectual, se desgañita ahora en pedir perdón por haberlo conseguido. Parece una nimiedad, pero no lo es. En los últimos dos siglos hemos construido observatorios para no depender de las revelaciones sagradas; laboratorios para someter los dogmas a la prueba más humillante que existe (comprobar si son verdad o simples falacias); incluso hemos escrito y perfeccionado nuestras constituciones nacionales para que la fe del vecino no acabe convertida en la obligación de todos. El precio de todo este esfuerzo civilizador no fue precisamente menor: hogueras, guerras religiosas, índices de libros prohibidos... Hoy en día, cuando alguien recuerda en voz alta todo este coste, muchos bajan la mirada y encogen los hombros. En el camino de la prosperidad, nos hemos olvidado de los ingentes sacrificios de nuestros antepasados, algunos de ellos muy próximos.

No se trata de una cuestión de fe, como muchos quieren sesgar en el momento de encarar el debate. Que cada cual rece a quien quiera: al Dios de Abraham, a Krishna, al horóscopo del periódico o al indocto de turno. Es algo que no le importa a nadie, pese a que mis caros lectores conocen mi opinión al respecto: la fe en lo sobrenatural empequeñece al individuo que la profesa. Dicho lo cual, conviene recordar que lo importante es cómo hemos llegado a este siglo XXI aceptando, por intereses creados o por simples cuestiones ideológicas, bastante básicas, por otra parte, que una afirmación sobrenatural, por el mero hecho de serlo, pueda reclamar autoridad sobre la vida de quienes no la comparten. Prácticamente todos los ejemplos más relevantes de esta última afirmación se producen en los países de origen que los inmigrantes ilegales desean dejar atrás. 

Uno de los oprobios más envergonzantes de la actual izquierda ideológica, que ha acabado absorbiendo aquello que históricamente criticaba a la derecha ideológica, es confundir el respeto hacia las personas, que se debe siempre, con el respeto a sus creencias, que no se debe nunca. Una persona tiene dignidad; una idea tiene, como mucho, argumentos, y si carece de ellos lo que tiene es un problema, pero no un derecho. Preste atención a lo que digo, porque es lugar común la confusión (muy interesada) en muchísima gente. Ortega distinguía entre las ideas, que se poseen, y las creencias, en las que se vive. Curiosamente, a causa de no haber entendido nunca del modo adecuado esta diferenciación tan nítida del filósofo español, hemos acabado estableciendo que discutirle a alguien sus creencias es muy parecido a practicar un desahucio, lo cual está mal visto, por lo que hemos decidido no desahuciar nunca a nadie. Con ello la plaza pública se ha convertido en una función de teatro de Pirandello: "así es, si así os parece", donde al final aparece la señora Ponza, cubierta con un velo, y declara que ella es quien cada cual mejor crea que es. El público aplaude sin llegar a saber nunca (en ocasiones, sin preguntárselo tampoco) quién está debajo.

Les pondré un ejemplo, porque me gusta usarlo. Georges Lemaître fue un sacerdote católico y el primero en proponer que el universo había tenido un comienzo a partir de un "átomo primitivo" que, con el tiempo, se denominaría Big Bang (sin ser una serie de la televisión, bastante decepcionante, por cierto). Cuando Pío XII se apresuró en 1951 a presentar la teoría como una confirmación del Génesis, Lemaître, que no tenía nada de anticlerical, se las arregló con ayuda del director del Observatorio Vaticano para que el Papa no volviera a decirlo. Entendía que la fe podía acompañarlo a él hasta el telescopio, pero no dentro de las ecuaciones. Y si buscan un contraejemplo, también se lo proporciono. Nicolás Steno entendió lo contrario que Lemaître: fundó la geología mirando dientes de tiburón petrificados en las rocas de la Toscana y, tras convertirse, se hizo obispo y no volvió jamás a estudiar una sola piedra en su vida. Por eso mismo, entre el cura que protegió la ciencia del Papa y el científico que acabó siendo obispo cabe toda la historia de Europa, la nuestra. Nadie sensato reprochará jamás a ninguno de los dos que creyera en Dios, pero cuesta tragar que, tres cuartos de siglo después de Lemaître, sigamos tratando la revelación divina como una fuente de conocimiento con la que debemos negociar. La ciencia nunca tuvo que demostrar que Dios no existe porque le bastó con dejar de necesitarlo para explicar por qué llueve, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la política, la sociología y el humanismo sí se sienten necesitados de ello y, lo que es aún peor, parecen no encontrar los argumentos necesarios?

Pierre Duhem, físico y católico de misa diaria, escribió en 1905 que la teoría física no le debía nada a la metafísica ni a la fe, y que por eso él podía ser creyente aunque su física fuera atea. Tres generaciones más tarde, Paul Feyerabend, que no creía en casi nada, pedía separar la ciencia del Estado del modo en que, poco antes, se había separado la Iglesia, y que fueran los ciudadanos quienes votasen si en las escuelas se debía enseñar la evolución o el Génesis. Un creyente levantó el muro entre la fe y el conocimiento, y un escéptico propuso derribarlo. Lo que hoy sucede en buena parte de los países europeos, donde se aceptan dislates como el uso del hiyab o el burka en las escuelas, prosigue el sendero iniciado por el anárquico filósofo austríaco. Todo está escrito, pero no nos enteramos.

El dogma en casa es asunto de cada cual. Los problemas empiezan cuando los dogmas salen a la calle y aspiran a publicitarse en el Boletín Oficial. Lo hemos visto con los obispos decidiendo quién puede casarse y quién no, y lo vemos con los imanes decidiendo lo que puede y no puede aprender una niña o con qué ha de cubrirse la cabeza siempre que se la cubra. Europa está olvidando que la secularización no fue un regalo amable provisto por la modernidad, sino un esfuerzo que hubo de ser arrancado a la fuerza a quienes pretendían seguir disponiendo del machito influenciador a toda costa. En esta columna ando mezclando el cristianismo con el Islam, pero conviene dejar algo claro porque los eufemismos en este asunto son pura cobardía disfrazada de buenos modales. En buena parte del mundo musulmán la religión sigue mandando sobre el derecho, la escuela, la familia y el Estado. No quería ponerme pendante, pero les remito, caros lectores, al Pew Research Center cuando preguntó en 2013 (sí, queda un poco lejos, porque la cosa ha ido a peor) a los musulmanes de decenas de países si la sharía debía ser ley oficial, y respondió que sí el 99 % de la población en Afganistán, más del 80 % en Pakistán y Bangladesh y más del 70 % en Indonesia. En Turquía, los Balcanes o Asia central fue minoritario, incluso residual en muchos casos. Para quien proteste acerca del dato, alegando que su existencia no autoriza a hablar del islam como un bloque (si preguntan a una IA, es justo lo que siempre responderá, porque están entrenadas en un buenismo y un relativismo que ni Pirandello), le diría que ese mismo dato autoriza aún menos a hacer como si no existiera. Y aunque la mayoría de los musulmanes que viven en Europa no son islamistas (del mismo modo que la mayoría de los católicos nunca fueron inquisidores, cosa que los comunistas de papá siempre olvidan), son los propios islamistas quienes están interesados en que los demás terminemos pensarlo que todos los musulmanes lo son. De ese modo se pueden presentar como portavoces de millones de personas que, por otra parte, jamás les dieron permiso para hacerlo. El choque entre una ley que se dice dictada por Dios y otra proviene de los propios ciudadanos no es un invento de la extrema derecha: se trata de la historia entera de Europa, la que hemos visto antes con otras siglas y otras sotanas.

Francia es un país lamentable a este respecto que lleva décadas ejerciendo de laboratorio involuntario del islamismo europeo. Su modelo republicano se tomó muy en serio el laicismo, con algunos aciertos y muchas torpezas, pero fíjense por dónde, ha terminado con profesores de instituto amenazados por los alumnos y los padres de los alumnos al tratar de explicar qué es la libertad de expresión. Nunca olvidemos que Samuel Paty fue decapitado en 2020 a la salida de su instituto por mostrar en clase unas caricaturas con las que quería justamente aleccionar sobre la libertad de poder opinar cada uno como quiera. Y aunque no todo lo que ocurre en las "banlieues" posee una explicación estrictamente religiosa (porque podríamos hablar largo y tendido de urbanismo, de los efectos del paro y décadas de abandono estatal hacia quienes solicitaban su ayuda), podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que quienes necesiten algo más que una cabeza cortada (¿algo más? ¿el qué?) para admitir que los islamistas franceses detestan los principios de la República Francesa no están siendo tolerantes, solamente se limitan a mirar hacia otro lado, tal vez porque la cabeza no fue la suya. La tolerancia no consiste en tolerarlo todo, mucho menos la intolerancia ajena, que jamás debe tolerarse (siendo la reiteración del verbo y sustantivo). Popper lo dejó escrito en 1945, aunque casi todo el mundo lo cita mal, porque no pedía censurar ideas, por repugnantes que fueran, mientras se defendieran con argumentos. Lo que pedía era no rendirse ante quienes renuncian a discutir y responden con pistolas, puños o cortando cabezas. Proteger la libertad religiosa no equivale a permitir que una religión redacte las leyes de igual modo a que celebrar la diversidad (eso que está tan en boca de algunos) no obliga a aplaudir cualquier costumbre simplemente porque provenga de lejos (la ablación no es parte del folclore urbano). Si quisiera resumirlo todo en una sola frase, elegiría que garantizar la libertad de expresión no significa callarse para no molestar a quien ha hecho de ofenderse una manera nada sutil de ejercer el poder. SI usted es de izquierdas, seguramente a estas alturas me ha tildado de fascista lo menos quince veces. No se preocupe: a mí me basta con una para tildarle a usted de idiota. 

 

Lo más chocante es que el adversario más eficaz de todos no es el que se sube a las pateras sino los criados en casa, aquí, en nuestra tierra. En muchas universidades se puede deconstruir a Voltaire, pero ojo con invitar a según qué conferenciante porque los estudiantes y profesores reaccionan de inmediato con escraches y salvajadas varias (tolerantes que son ellos). Nuestros museos retiran una obra al primer correo amenazante por parte de esos grupúsculos ambientalistas que patalean por el uso del petróleo. La izquierda, que defendió con uñas y dientes el derecho a blasfemar contra la Iglesia y el velo humedal, ahora huele islamofobia en cualquier crítica que se haga sobre el velo integral. Incluso la derecha, que descubre el laicismo cuando el creyente es moreno o de piel más bien negra, pierde de vista el horizonte cuando se habla de tratar a los obispos con igual ecuanimidad que al resto a la hora de otorgar subvenciones. En fin. Hemos llegado a un punto que defender la Ilustración resulta sospechoso.

Y no. No se trata de añorar una Europa cristiana. En esa Europa se quemaban libros, y más de uno de los que la invocan con lágrimas en los ojos no ha pisado una iglesia desde la primera comunión. Tampoco se trata de montar parroquias del ateísmo, con sus propios santos y herejes y catecismo (bien saben lo contrario que soy a todo eso). Se trata de no equivocarnos históricamente. Europa envejece, tiene pocos hijos, necesita inmigrantes, y sabemos que la secularización no avanza al mismo ritmo en todas las comunidades. Pero no puede ser que la sola intención de preguntar qué valores se transmiten de padres a hijos en según qué barrios, nos convierta a todos en medio fascistas o fascistas por entero. Entre el delirio de unos y los tabúes de otros, no hay modo de ejercer el sentido común. Claro, tal vez primero deberíamos preguntarnos por qué, de repente, contemplamos la Historia con las razones contemporáneas y nos declaramos aptos para derribar estatuas y destruir los prestigios de quienes vivieron antes que nosotros según sus propios códigos sociales. 

Voy acabando, que la he hecho larga. No se ultraja a Occidente por parte de quienes llegan cargados a sus espaldas con dioses, libros reveladores y certezas sobrenaturales. Se ultraja nos avergonzamos de no tener dioses, cuando llamamos respeto al silencio y tolerancia al miedo. Una civilización puede abrir la puerta a quien venga y salir ganando, como ha salido ganando tantas veces. Lo que no puede es olvidar para qué sirve tener una puerta y una cerradura. Tun tun, ¿quién es? Abre la muralla. Pero también ciérrala, no lo olvides (no se puede abrir lo que no se cierra). 

El costosísimo certificado de buena persona

Ser de izquierdas en España, y en gran parte del planeta, tiene como ventaja disfrutar de una presunción vitalicia de bondad, de bonhomía, de generosidad y benevolencia. Se trata de un privilegio tan, pero tan extraordinario, muy superior a cualquier aforamiento y bastante más cómodo que la inmunidad parlamentaria, que para disfrutarlo no se requiere ocupar cargo ni canonjía alguna. Basta con declararse progresista, de izquierdas, y queda expedido. No se necesita pasar un examen y su vigencia coincide con el alineamiento del interfecto con la declaración antes suscrita. De esta guisa es el certificado de superioridad moral.

Este documento tiene una peculiaridad administrativa. Raramente se revisa. De hecho, se otorga aunque la semblanza, recuerdos, confesiones y hazañas del susodicho provengan del bando contrario (es lo que tiene llamarse Jorge Verstrynge, por ejemplo). En cualquier caso, lo que quise decir es que no importa mucho que el titular del certificado mienta, se enriquezca, traicione sus promesas, posea veinte pisos para alquilar, desprecie las instituciones o entregue sus ínfimas y casi inexistentes convicciones a cambio de siete votos. La acreditación permanece intacta. En el peor de los casos, se le reconocerá algún pequeño error de comunicación. Oiga: la izquierda jamás incurre en contradicciones morales. Lo que experimenta son complejos procesos de adaptación a las circunstancias, que siempre vienen mal dadas con tanta derecha a la que combatir (algunos incluso los deseaban tirotear: "si podemos cazar conejos, por qué no cazar fascistas", aunque eran otros tiempos, de cuando esa palabreja contenía un significado que ya nadie recuerda en este mundo tan repleto de analfabetos funcionales).

La derecha, naturalmente, carece de un salvoconducto similar porque solo lo expiden los de izquierdas. Los errores de la derecha son, poco menos, delitos de lesa majestad, incluso contra la humanidad, auténticos genocidios, tan bastos y desagradables que ríanse ustedes de las asechanzas terroristas de ciertos grupos islámicos cuyo mayor entretenimiento consiste en destrui el Estado de Israel con todo lo que tengan a su alcance. Y, si por algún casual, la derecha acierta en algo, poco, claro, no vaya usted a pensar, son aciertos que obedecen antes a oscuras intenciones que a sus propuestas, incluso cuando éstas coinciden con las que ayer mismo defendía el Gobierno del otro lado (siempre que no sea el desgobierno del indocto, porque resulta complicado defender a este tonto del haba, aunque si lo pienso con detenimiento, el señor ése tan serio y un poquito inculto de Galicia que quiere gobernar ahora, porque la anterior no supo, cuyos lapsus culturales son realmente proverbiales, en épocas de la pandemia defendía lo mismo que el indocto). El caso, decía, es que los poquitos aciertos, menos mal, no son sino peligrosas manifestaciones de un extremismo atroz. Vaya, como lo de la defensa de los okupas y demás calaña, tan del gusto del honrado izquierdoso, moralmente superior. Será que la virtud, en este mundo, se encuentra distribuida de manera asaz curiosa: unos deben demostrarla permanentemente para asegurar que no son seres insidiosos y malvados, y otras la reciben lo mismo que heredan patrimonio y sinecuras.

Tan certificado se halla el indocto que ha llevado esta industria de la absolución a niveles verdaderamente admirables. Pero sería injusto atribuirle toda la responsabilidad. Él no inventó este negocio (no veo cómo podría: en sus meninges solo hay maldad y medianía), pero sí descubrió que podía explotarlo sin necesidad de guardar las apariencias, porque para ello ya hay unos cuantos miles o millones de paisanos dispuestos a defenderlo así esté extrayendo el hígado a un fulano con las propias manos y en carne viva.

Durante décadas se ha enseñado a una parte de la sociedad española que determinadas ideas políticas no son opciones legítimas. Lo adoctrinan quienes están certificados como moralmente superiores. Para estos seres ciertamente oscuros, y siempre repulsivos, el ciudadano no ha de votar necesariamente por lo que un partido hace, sino por lo que imagina que su voto podría haber significado. En el mundo de la magia y la imaginación, el dicurrimiento en aras de la superioridad moral dice más de uno mismo que todos los minutos transcurridos con un corazón latente. 

No me digan que no es cómodo pensar así.

Lo más interesante, y bien que lo venimos observando de un tiempo a esta parte, digamos desde la Revolución Francesa, que inventó la distribución a diestra y sinistra de los espectros políticos, es que la superioridad moral de la izquierda no exige una especial calidad humana. De hecho, los tenemos mezquinos, egoístas, sectarios e ignorantes, como en cualquier otra familia ideológica, pero ellos poseen una cualidad que ninguno de sus adversarios posee: la coartada perfecta y colectiva. Sus defectos son  siempre individuales y sus virtudes, por contra, universales. En la derecha sucede exactamente lo contrario, por si no se habían dado cuenta.

No pretendo sostener que la derecha española sea un ejemplo de integridad. Sálveme el fuego eterno de tal consideración. Aún me escuece el periodo aquel, anterior al indocto, cuando un pontevedrés más vago que la chaqueta de un guardia, y sin ningún tipo de estructura mental de lo que deseaba gobernar, malogró la mejor ocasión que vieran los tiempos, tras el desastre del bambi ése que ahora tiene las patitas asomadas a la cárcel por tanto como ha destrozado en su vida (y esperemos que algo parecido suceda con el indocto). Lo de asumir que la derecha es máslista y superior, auqnue no moralmente, es una ocurrencia difícil de defender sin comprometer seriamente la inteligencia de mis caros lectores. No. La cuestión es otra: ¿por qué hemos aceptado que la decencia dependa de la adscripción política y no del comportamiento de los prebostes? ¿Esa gentuza paga pisos a las putas que costean con cargo al erario público y los ciudadanos siguen pensando que, pese a todo, son, en el fondo, buenos aunque descarriados por ser de izquierdas? 

Llevo, creo, varias columnas queriendo dirimir esta cuestión tan peculiar, y no la doy aún por acabada. Solo me queda un argumento por probar: el certificado de autoridad moral es tan prohibitivo económicamente, que forzosamente han de afanar a manos llenas. 

España accidentada

Hace muchos años, más de treinta, tuve el privilegio, y también el honor, de conocer al pulgareño Gonzalo Payo, eximio sismólogo del cuerpo de geofísicos del Instituto Geográfico Nacional, y director del Observatorio Central, situado en Toledo. En la capital manchega era conocido por haber sido el segundo presidente de la junta de comunidades de Castilla La Mancha, en la época preautonómica. De hecho, en el apunte biográfico de Wikipedia solo se apunta su actividad política, relegando al olvido (en ese compendio, al menos) toda su trayectoria profesional, bien tachonada de hitos y merecimientos muy superiores a las efemérides ahora recordadas. Pero esa es otra historia. Por cierto: fue un buen amigo mío, pese a la diferencia de edad. Realicé muchas incursiones al Observatorio Central, donde aprendí sismología de su mano, y él, una vez que empezaba a despuntar como investigador científico, participó en el tribunal que discutió mi tesis doctoral. 

Gonzalo ejerció de presidente preautonómico en una época en que España era un país pobre y sus dirigentes, con todas las miserias propias de cada época, sí parecían disponer de una conciencia bastante precisa de lo que significaba dejar de serlo. Entonces, y mucho antes, se construían carreteras, hospitales, escuelas, embalses y ferrocarriles. Pocos, por aquello del olvido semisecular europeo hacia nuestra dictaduría, y con medios que hoy consideraríamos insuficientes. Entonces había también corrupción, incompetencia y arbitrariedad, desde luego, que de eso nunca falta, pero tampoco faltaban ingenieros, funcionarios y responsables públicos capaces de entender su trabajo como una obligación hacia una nación que todavía estaba por emprender su definitiva.

Lo extraordinario es que ahora, cuando aquel país entonces atrasado e incompleto, dispone de recursos, tecnología y conocimientos, capacidades que nuestros abuelos no hubieran podido ni tan siquiera imaginar, resulta que hemos perdido la voluntad de hacer bien las cosas. La tragedia ferroviaria de Urda obliga a preguntarse qué ha ocurrido con esa voluntad. Para quienes disculpan y justifican la neutralidad de los errores que conllevan pérdidas de vidas humanas, les diría que la enfermedad es bastante anterior a la tragedia de Urda. También les pediría que aprendiesen de las aerolíneas, un sector privado regido por instituciones públicas o semipúblicas internacionales, que, no obstante, jamás escatima en prevención y aprendizaje de los accidentes que, desdichadamente, siempre acontecen. Los habrá tan fanáticos que piensen que esto es simplemente mala suerte. Cualquier cosa por proteger el indocto y su recua de incapaces ministriles. Pero los trenes no empiezan a fallar el día que descarrilan o colisionan. Ya han fallado en el momento en que un organismo de gobernanza como el Ministerio de Fomento o Infraestructras (o como deseen llamarlo ahora) deja de considerar intolerable aquello que debería serlo.

Quien haya dirigido alguna vez una instalación industrial sabe que la seguridad no depende de la infalibilidad de sus trabajadores. Depende de que los errores sean previsibles, detectables y, en la medida técnicamente posible, evitables e incapaces de producir una catástrofe. Para eso existen los procedimientos, las redundancias, las inspecciones, las auditorías y las cadenas de responsabilidad. Y para eso se paga a quienes dirigen las organizaciones: no para explicar los accidentes cuando ocurren, sino para haber hecho cuanto estuviera razonablemente en su mano para evitarlos. Pero en España hemos construido una administración donde la responsabilidad parece circular siempre hacia abajo y el mérito, invariablemente, hacia arriba. Los ministros inauguran y los técnicos yerran. El presidente anuncia y los funcionarios incumplen. Los prebostes presumen de inversiones millonarias y los operarios saltan a dar explicaciones cuando algo deja de funcionar. Cuanto mayor es el despacho, más difícil resulta encontrar a alguien que responda de lo sucedido. Y, entretanto, olvidémonos de lo que significa realmente un servicio público.

El ferrocarril no es un decorado para gloria de las campañas electorales de los políticos de turno. Es la posibilidad de que una enfermera llegue a su hospital, de que un estudiante regrese a casa, de que una familia pueda vivir lejos de la ciudad sin renunciar a su trabajo, de que un comercial pueda mantener una reunión con un cliente donde exponga la solución a un problema. De igual manera que la puntualidad no es un lujo burgués, ni la seguridad una prestación adicional. La fiabilidad de los transportes determina la libertad cotidiana de millones de personas. Esto es algo que no cabe en la cabeza de nuestros políticos, contumaces dispendadores del dinero público, ese que una misnitra y actual consejera del Estado declaró no ser de nadie (vaya tela) sin que se le cayera la cara de vergüenza (lo que no se le cayó jamás es su cognición, por inexistente me refiero). Por eso mismo, un tren que llega sistemáticamente tarde a su cita con la estación de destino también representa, aunque en una dimensión incomparable con la tragedia, un fracaso social. Roba horas de vida, compromete empleos y convierte en incertidumbre lo que debería ser una maravillosa y confiable rutina. Cuando los ciudadanos comienzan a desconfiar de aquello que antes daban por seguro, podemos proclamar que el deterioro institucional ya ha penetrado en sus vidas.

No necesitamos más inauguraciones. Necesitamos organizaciones capaces de mantenerse, aprender y corregirse. Directivos elegidos por su competencia, no por su obediencia al indocto de turno. Indicadores que midan averías y riesgos, no únicamente viajeros transportados o kilómetros construidos. Presupuestos que protejan el mantenimiento incluso cuando si no producen fotografías para los titulares de los diarios (aunque sospecho que muchos de los fanáticos de hoy son férreos defensores de las fotos con sus prebostes favoritos inagugurando cosas). Y, sobre todo, necesitamos responsables que escuchen a los profesionales antes de que sus advertencias se conviertan en investigación judicial.

Nada de todo lo anterior es ideológico. Es gestión. Es, sencillamente, gobernar. Cosa que ni el indocto, ni el ministro neardentalés (que me perdonen los Homo sapiens neanderthalensis), ni muchos otros, entienden en absoluto. 

Quizá la diferencia más triste entre aquella España atrasada que establecía al principio de esta columna (y que con tanta probidad como dedicación figuras desinteresadas como Gonzalo Payo se esforzaron por cambiar) y esta España tecnológicamente avanzada, pero anquilosada en un atraso inaugurador permanente) sea que nuestros antecesores contemplaban las deficiencias como problemas que debían resolverse, mientras que los dirigentes actuales las consideran inconvenientes hacia las que sienten una pasividad proverbial. Gonzalo Payo aspiraba a entregar a las generaciones venideras un país mucho mejor. Estos de ahora parecen conformarse con convencer a los ciudadanos de que ya viven en él mientras se dedican a forrarse los bolsillos y esputar improperios en las redes sociales contra la mitad de votantes que no los eligen. La política ha convertido esa sustitución de la realidad por su relato en una profesión extraordinariamente rentable. Los fieles más obstinados (esos que vengo denominado fanáticos) defenderán cualquier explicación, incluso cuando resulte incompatible con la evidencia. No merece la pena discutir con quien ha decidido que la lealtad a unas siglas vale más que la verdad a un debate sin intereses creados. 

Un país no comienza a retroceder cuando se queda sin dinero para construir mejores servicios e infraestructuras, sino cuando quienes administran lo que otros construyeron dejan de sentir el deber de conservarlo.

El estado del bienestar del Estado

Hay que reconocerle a este desGobierno una virtud extraordinaria: ha conseguido que los españoles paguemos cada vez más impuestos sin que tengamos la desagradable sensación de estar enriqueciéndonos. Es una hazaña económica de primer orden. En otros países, cuando aumenta la recaudación, suele aumentar también la prosperidad. Aquí hemos perfeccionado el procedimiento inverso: cuanto más contribuye el ciudadano, menos dinero encuentra en su bolsillo y peores servicios e infraestructuras disfruta. Se llamará redistribución, palabrota que siempre usan los gobiernos y desgobiernos para justificar el movimiento de segur a la cuenta corriente de los españolitos de a pie. Lo que todavía no sabemos es hacia dónde se orienta esa redistribución tan bien redistribuida.

En 2025, Hacienda recaudó 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior. Una noticia magnífica... para Hacienda que, por mucho que lo repitan, no somos todos, sino solamente ellos. El IRPF, que es el impuesto que importa al ciudadano, aportó 142.466 millones, lo que supone un 10,1% más. Son cifras que deberían conmovernos. Empresas y ciudadanos arrimando el hombro de igual manera. De lo anterior se colige que el Estado goza de una salud financiera recaudatoria envidiable mientras sus administrados experimentan la emocionante aventura de llegar con vida (económica) a fin de mes. Hay que admitir que pocas políticas consiguen repartir tan equitativamente la incertidumbre. El mecanismo más ingenioso es el de la inflación. Supongamos que usted cobra 30.000 euros y que su empresa, conmovida por el encarecimiento de la vida, decide aumentarle el sueldo. No se entusiasme. Su salario sube para que pueda seguir comprando aproximadamente lo mismo, pero Hacienda interpreta el incremento nominal como un ascenso social. Usted no es más rico, pero tributariamente lo parece. Es una modalidad de ficción administrativa que habría fascinado a Kafka. La negativa a actualizar plenamente el IRPF conforme a la inflación constituye una refinada técnica recaudatoria: permite elevar la carga fiscal efectiva sin tener que anunciar una subida de tipos. Dicho de otra manera, el desgobierno sube los impuestos dejándose llevar por la corriente. El Ministerio de Hacienda cifró en 2.294 millones la recaudación adicional de 2025 atribuible a esa falta de actualización. No es necesario aprobar solemnemente nuevos impuestos cuando resulta que basta con dejar que el tiempo haga el trabajo. La inflación pone el dinero; el contribuyente, la paciencia y el hartazgo, según toque.

Naturalmente, se nos explica que todo responde a la necesidad de sostener los servicios públicos. Y aquí comienza la parte más interesante del experimento. Porque uno supondría que una recaudación extraordinaria debería traducirse en una experiencia igualmente extraordinaria a la hora de acudir al médico, buscar una vivienda, utilizar el ferrocarril o realizar cualquier trámite administrativo. Sin embargo, el ciudadano siempre acaba descubriendo que, siendo su contribución inmediata, la contraprestación es diferida. Muy diferida. Será que no hemos comprendido bien el concepto de Estado del bienestar, o que tal vez nunca se especificó de quién debía ser el dichoso bienestar. Conviene, por supuesto, no caer en simplificaciones. Hay servicios públicos que funcionan razonablemente bien, aunque sea difícil nombrar uno, y profesionales que sostienen con enorme esfuerzo estructuras sometidas a una demanda creciente, o que al menos se defienden entre ellos cuales gatos panza arriba (colectivo de profesores, médicos, etc.). E igualmente, parece poco serio atribuir todos los problemas a un solo desgobierno y olvidar las responsabilidades autonómicas. Pero precisamente por eso resulta tan pintoresca la insistencia en presentar cada récord recaudatorio como si constituyera, por sí mismo, un éxito colectivo.

Mire usted. Recaudar no es gobernar, y gobernar no es recaudar, aunque lo parezca (seguramente lo único en lo que se esmera el desgobierno del indocto). Como tampoco gastar equivale necesariamente a gestionar. Cualquier organización privada que incrementara sus ingresos de manera sostenida mientras sus clientes expresan insatisfacción tendría que explicar qué está haciendo con el dinero. En el sector público, en cambio, la explicación suele consistir en solicitar más dinero. La deuda pública añade otra dimensión fascinante. Pagamos impuestos presentes para financiar servicios presentes y acumulamos obligaciones futuras para que nuestros hijos tengan también ocasión de participar en el proyecto de este presente tan maravilloso. Es una hermosa solidaridad intergeneracional: nosotros abonamos la entrada y ellos heredan una parte importante de nuestra factura de ahora. El déficit garantiza, además, que esta generosidad nunca termine.

Se dirá, con razón, que España mantiene una presión fiscal inferior a la media europea. Es cierto. También es cierto que la comparación pierde parte de su encanto cuando se ignoran las diferencias salariales, de productividad y de renta disponible. No basta con aspirar a recaudar como los países más prósperos. Sería deseable que la prosperidad llegara antes, o al mismo tiempo, que los impuestos. Pero está claro que exigir una relación perceptible entre impuestos y resultados no deja de ser una pretensión excesivamente mercantilista y capitalista, de la que deberíamos todos abominar. El contribuyente moderno ha de desarrollar una fe superior. Debe pagar convencido de que el dinero encontrará su destino, aunque ese destino resulte difícil de identificar fuera de las evoluciones patrimoniales de los políticos y prebostes. Porque cuando las circunstancias no mejoran, y llevan mucho tiempo desmejorando, a nadie creo que se le va a ocurrir consolarse pensando que, al menos, la recaudación ha vuelto a batir otro récord.

En el fondo, hemos convertido la fiscalidad en una peculiar disciplina espiritual. El ciudadano trabaja, contribuye, espera y renuncia. El Gobierno recauda, celebra, promete y solicita nuevos sacrificios. Ambos participan del mismo ritual, aunque solo uno tiene la facultad de decidir cuánto cuesta. Y así avanzamos hacia una sociedad admirable en la que quizás algún día todos seamos iguales: igualmente dependientes, igualmente resignados e igualmente sorprendidos cuando descubramos cuánto nos cuesta mantener la maquinaria que debía servirnos para algo y que, en efecto, no sirve absolutamente para nada. La buena noticia es que, cuando finalmente no nos quede ni un ápice de prosperidad, Hacienda podrá anunciar que ha terminado con todas las desigualdades patrimoniales. Y la mala que aún nos pedirá la siguiente declaración de la renta.

Convénzase. Vienen a por nosotros. Eso de enrasarnos a todos por abajo es la máxima de todo progresista que se precie.  

El ruido ya perdido

En ocasiones, los países se rompen con estrépito. He escrito "en ocasiones", pero los casos observados por mis ojos en este último periodo de la Historia demuestra que tales roturas son lo habitual. Yugoslavia, sin ir más lejos. España se rompió hace noventa años con bastante más que un estrépito. Y, visto lo visto últimamente, ese camino de perdición lo vamos repitiendo paso por paso en este desventurado siglo XXI por el que estamos transitando. Nuestros abuelos y bisabuelos no se acostumbraron a vivir en una sociedad marcada por la violencia y el oprobio, que parecía no importarle demasiado que se desencadenase una contiende bélica entre ellos, y eligieron la guerra. Unos y otros (unos por obstinarse en lo que rompía, otros por obstinarse en lo que no unía). Eso significa que los países, llegado cierto punto extremo, simplemente se van acostumbrando. 

Nosotros, hogaño, en este mismo momento, donde la conflagración parece utópica, pero el listado de oprobios contra toda la mitad de un país es inobjetable, nos hemos estado acostumbrando también y la exhibición de nuestro hartazgo ha sido, y sigue siendo, asaz melindroso. Nos cuentan mentiras rotundas, manifiestas, son tomaduras de pelo antes que falsedades, que también, y no nos da tiempo a montar un escándalo mayúsculo porque, en la mañana siguiente, salta otra mentira aún mayor, aún más oprobiosa, aún más desvergonzada y ruin y cicatera. El desGobierno concede prebendas y cesiones disparatadas a los etarras de Bildu y a los secesionistas catalanes y a los vascongados provectos, y ni tan siquiera podemos expresar no sólo ya perplejidad, tampoco asombro ante cómo lo imposible ha devenido inevitable, porque el listado de dádivas jamás se detiene y siempre engrosa. Lo mismo sucede cuando tenemos noticia de la siguiente institución que ha sido erosionada por el indocto y sus menestras, aunque lo de erosionar se queda corto, porque se trata de violaciones sistemáticas hasta convertirlas en monstruos facinerosos que solo resultan graciosas y útiles a ellos, o ni siquiera a ellos, sino a esa caterva de aliados indeseables que les otorga un día más en el poder a cambio de convertir cualquier cosa que miran en un erial. Hasta que un día, uno cualquiera, que pudo haber sido lo mismo hace un año que ayer por la tarde, tal es el deterioro, descubrimos que no queda nada sólido en este país bajo nuestros pies: solo mendacidad, impudicia, maledicencia, ultraje e infamia.

Ésa es la herencia más triste de Pedro Sánchez. No se trata de una ley concreta, ni tampoco de la interminable relación de promesas quebradas a su electorado (que parece inmarcesible al desaliento) o el continuado ejercicio de cesiones a sus inefables socios, inconfesables ayer y tan necesarios hoy en día. Todo ello acabará en las hemerotecas, esperemos que muy pronto. Lo más grave es seguramente haber convertido la excepcionalidad en una costumbre más de este país. Gobernar sin Presupuestos durante largos periodos, convertir cada contrapeso institucional en un obstáculo y cada crítica en una agresión, no son episodios aislados, sino una forma de entender el poder. Una forma bastante espuria, nociva e infecta, por lo demás.

No hace tanto discutíamos sobre si un político debía dimitir por mentir, por incumplir su palabra o por ser corrupto. Hoy resulta que hemos descendido varios peldaños a pasos agigantados. Y ya no preguntamos si mintió, si incumplió las promesas, si delinquió, si es un buen gestor, si respeta las instituciones. Preguntamos si la mentira le resultó rentable, si sus incumplimientos le permitieron abrazarse a una mayoría extraña y nociva desde la que gobernar el BOE, si la corrupción fue mayor o menor que la de los otros, si su gestión es modélica dentro de las dificultades, si la institución corrompida estaba en manos de los suyos o de los nuestros.

Por imposible que parezca, muchos políticos emplean la democracia para destruirla, y ni tan siquiera  tienen reparo en ufanarse de ello. España no es una dictadura, banalizar esta palabra por usarla como saeta sería hacerle un favor a quien queremos criticar. Las urnas funcionan, los jueces juzgan (pese a quien pese), no todo está corrompido. No es una metástasis, solo un virus invasivo y correoso. Pero también es cierto que una democracia, cualquier democracia, puede deteriorarse mucho antes de romperse por dentro. Vean el caso de Venezuela. Con que se debilite la convicción de que existen actitudes cuya honorabilidad ha de preservarse por encima de todo, basta para que suceda. En tiempos pretéritos era la decencia lo que protegía ciertos límites socialmente asumidos, aunque la ley no alcanzase a prohibirlos. Hoy, me pregunto, ¿de qué hablamos al hablar de decencia? ¿Del ministro de infraestructuras? ¿Del juez que pasó a ser horrendo ministro de Interior? ¿De qué hablamos, por amor del cielo?

Lo he dicho en ocasiones anteriores. Lo que más desasosiega no es el indocto: no deja de ser un pobre inculto erigido en baluarte de su propia incapacidad (razón por la que actúa como lo hace). del indocto lo sabemos casi todo. Lo que inquieta sobremanera es el número de quienes contemplan todo esto que vengo hablando y, sin embargo, no les importa nada en absoluto porque, para ellos, lo único relevante y crucial es que gobiernen los suyos, así sean unos hijos de puta de difícil conmiseración. Porque ningún gobernante degrada por sí mismo una democracia entera. Necesita millones de pequeñas absoluciones diarias, al minuto incluso. Necesita al ciudadano que reconoce la mentira pero la disculpa porque los otros son peores. O al que habría considerado intolerable en el adversario lo que está celebrando en el político al que ha votado. Un desgobernante como el indocto necesita medios dispuestos a encontrar cada mañana una explicación para todo lo que el día anterior calificaron como inexplicable y dirigentes secundarios capaces de repetir solemnemente sus torticeras justificaciones, producto del momento, no de una visión de Estado, sin recordar tampoco lo que manifestaron la semana anterior. Y necesita, sobre todo, que una parte de la sociedad acepte cambiar sus principios por mor de su muy personal capricho.

Y no. No estamos hablando de compartir una misma ideología. Sería absurdo y profundamente antidemocrático. Hablamos de un paso previo: la capacidad (al parecer periclitada) de exigir a los propios aquello que exigimos a los contrarios. Si mi corrupción es contextualizable, pero la tuya es imperdonable; si mi mentira es estrategia y la tuya es solo un fraude; si mi pacto es responsabilidad y el tuyo es una traición; si mi ocupación institucional es renovación y la tuya es asalto, lo que tenemos no son principios sino camisetas al estilo perroflautista, pero sin Hamelin.

Después de tantos años, la pregunta pertinente no es qué más nos puede hacer el indocto, porque sabemos que, por poder, puede hacer muchísimo más, y de igual calado. La pregunta, mucho más triste, es cuánto más están dispuestos algunos a perdonarle. Y, al mismo tiempo, cuánto quedará de los demás después de que ellos se lo hayan perdonado todo.

Otoño de 2026

El otoño de dos mil veintiséis avanza lentamente. Sigue regresando a una casa que, en puridad, no es la suya, porque las gentes sólo recuerdan los veranos y los inviernos y, todo lo más, el manto de flores de la primavera. La seroja, palabra en desuso como tantas otras, por muchos chasquidos que produzca al ser pisada en los parques y las aceras, no es comparable a los mantos floridos o albores que, en el otoño de las vidas, devuelve la memoria a los recuerdos.

Este otoño aún se demora en los umbrales. Antes de caer la primera hoja ya se percibe el olor de la tierra húmeda. La luz del día ha dejado de herir y apenas roza, presiento que teme despertar las sombras del estío que aún se apacientan bajo las ramas. Tiene una cortesía antigua, casi protocolaria, de las que no se estilan: ocupa el lugar abandonado por un verano vacío, lo mismo que todos los anteriores, y lo va llenando poco a poco de una claridad más lenta y pausada, de sonidos amables que anuncian el reposo definitivo.

Los plátanos del jardín, que en julio sostenían un peso umbroso y canoro, sueltan ahora las hojas una a una, como páginas de un libro que nadie se atreve a leer en voz alta porque, digámoslo claramente, leer poesía no es algo que produzca furor en parte alguna. Lo más asombroso de esos montículos compuestos por las hojas caídas, de las que hablaba hace un rato, es que están compuestos de pecíolos que caen cada uno según su manera. Algunas giran mucho rato, obstinadas en quedarse en el aire; otras bajan en línea recta, sin drama, con cierta dignidad incluso porque han entendido que su prestancia feneció. Al pisarlas crujen, y los crujidos son un idioma seco que acaba diciendo lo de siempre: que todo lo que tuvo nombre y forma termina alimentando lo que viene detrás. Las tardes se acortan cronométricamente. Es curioso, pero en estos días encogidos caben más momentos que en las luengas horas del mes de julio, al menos mientras perdura el día. Se piensa más despacio y, por algún motivo, se recuerda mejor. Las conversaciones se espesan, como si el frío que empieza a entrar por las rendijas obligara a las palabras a apretarse para no perder su calor y su nostalgia de tiempos pretéritos, siempre mucho mejores que estos de hogaño.

En las calles de esta ciudad que ya no nombro la gente empieza a caminar con las manos en los bolsillos y la vista un poco baja. Tal vez esta semana que se anuncia límpida y luminosa, sin lluvia ni viento, y con un remanente de calor que choca de frente con la ropa de entretiempo, avive un poco la mustia melancolía que han dejado las tormentas. Que nadie se confunda. El caminar cabizbajo no es tristeza. Es la certeza de que el suelo, de repente, tiene más que aportar que el cielo. Entre la hojarasca aparecen lugares y enseres que el verano escondía: una moneda, un botón, el ala de un insecto, los trozos bien rotos de cartas de amor que el verano no supo perdurar, el rastro de los pasos de quien deambuló errático cuando aún parecía que el tiempo permanecía quieto en una benignidad mansa y apacible. Es una hojarasca muy especial porque nadie la recoge. El otoño tampoco, y así es como se producen los testimonios.

Hay un árbol que conozco desde hace tiempo, ya va para varios años. Este pasado verano pensé que se estaba muriendo. El estío se convirtió para él en una suerte de otoño porque se le iban cayendo todas las hojas, pese a ser perennes. A veces me detengo ante él y le pregunto, en voz muy queda, qué parte de mí se está cayendo con sus hojas. No contesta, claro. Yo tampoco sé la respuesta. Tiembla un poco cuando lo orea el viento. Es ese tipo de árbol que sólo muestra frondosidad en la parte externa de su copa, porque el interior es un amasijo desordenado de ramas muertas y brotes macilentos. La luz oblicua que pasa entre sus ramas produce fulgores disparatados en el suelo, como entretejiendo una red de sombras movibles. En ella se enganchan los recuerdos que no son del todo míos: los de quienes estuvieron aquí antes que yo. Por ese motivo me siento intruso de un otoño que no acabo de ver que me pertenezca. Junto al árbol del jardín añoro las palabras de una conversación que nunca se produjo, salvo acaso en mi imaginación. Es una facultad rara esta del otoño, la de volvernos propio lo ajeno. Lo nuestro, lo que a cada uno pertenece, mientras tanto, se va retirando a cierta distancia para que podamos mirarlo sin pena.

La noche llega ya sin sorpresa, cuando termino de componer estas frases. Al cielo, que de día conserva un resto de azul antiguo, asciende una negritud espesa, y las farolas encienden su luz como velas en una habitación que hace tiempo que se está vaciando. Es entonces cuando el otoño deja de mirarse desde fuera y empieza a vivirse muy adentro. Se nota en la piel, en el roce entre el calor que le queda al cuerpo y un aire que ya enfría de verdad. Se oye en las hojas que el viento sigue moviendo, sin resignarse del todo a dejarlas quietas, y en ese roce cabe un instante la ilusión de que nada se ha perdido, de que lo que cae sigue hablando un idioma muy antiguo cuyo entendimiento sólo es posible cuando la propia vividura es, igualmente, prolongada.

Al otoño basta con mirarlo. Las hojas que van tapando el suelo alimentarán en unos meses las raíces de las copas nuevas, y nosotros, que caminaremos entre todo ello con el abrigo abrochado, tampoco podemos decir que seamos otra cosa que las remembranzas de los otoños que hemos visto pasar. No hay consuelo más exacto. Lo perdido no va a volver, perderlo es otra manera de seguir existiendo. Y mientras las últimas luces se retiran detrás de los tejados y el aire huele a tierra y a humo de chimeneas lejanas, queda una certeza callada: que estuvimos aquí, que vimos caer la materia caduca de nuestras vidas, y que por nombrarla sólo habremos salvado lo que dura una frase de tres palabras cuando se pronuncia.

Octogénesis (per sibi solum consulere)

En mi terruño, como en tantos otros, las ancianitas (por aquello de que las mujeres viven mucho más de lo que resuelven las estadísticas del censo, sólo que el INE aún no lo sabe) viven en su casa casi toda su vida. Digo casi porque, antes o después, los hijos comienzan a buscarles una plaza en una residencia de la tercera edad, llámese residencia geriátrica, llámese aparcamiento de ancianidades. Cuando, en tiempos decididamente mejores, aunque no tan modernos, los asilos (el nombre que faltaba) no proliferaban, la gente moría en su casa más pronto que ahora, estuviesen o no los hijos cansados de sus progenitores (habitualmente la madre, por las mismas razonas alegadas poco antes). Las viejas (éste también faltaba) no cotizaban a la Seguridad Social en ningún momento de sus vidas pese a saber que debían hacerlo. En mi terruño, las mujeres decían dedicarse a sus labores para no informar a la hacienda pública y a la Seguridad Social que se dedicaban, además, a la agricultura y la ganadería como sus maridos. Luego se dedicaban también a las cosas de casa, pero al menos en mi terruño, e imagino que en el resto también, las tareas agrícolas más penosas, incluidas todas las del mantenimiento de los pastos y tierras de cultivo, eran ejercidas por los hombres. Sería un reparto desigual, muy probablemente, pero en mi pueblo imperaba el matriarcado, que no el régimen patriarcal que con tanta ligereza se menciona ahora, y así era como se hacían las cosas. Lavar las sábanas en el regato era ingrato, por supuesto, pero rozar las zarzas de las cortinas y prados también: del primer trabajo se obtenía un descanso reparador; del segundo, una mayor productividad agrícola en tierras de por sí bastante infecundas.

La cuestión está en que la diferenciación que acabamos de establecer no es el origen de que la mayoría de las viejas de mi tierra (que ya son poco mayores que yo) sólo dispongan de pensión no contributiva, que existen desde 1990, porque la introdujo Felipe González allá cuando la política, al margen de las diferencias ideológicas, consistía en mejorar la sociedad (igualito que ahora con el indocto, ¿verdad?). Lo de pechar a la seguridad social es muy anterior, de 1908, pero esa es otra historia. Una de las consecuencias más importantes de la evolución social, consecuencia inmediata de la progresiva desertización demográfica de las zonas rurales, fue la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. Pero eso ya sucedió, hace años que sucede. Salvo en personas provectas, es difícil encontrar a algún supérstite de cuando España era un carajal que unos y otros se empeñaban en rescatar del atraso. Conocidos de esa guisa tenemos todos. No necesito ir muy lejos para encontrar a un matrimonio que hizo buena fortuna en Madrid con una tienda en pleno barrio Salamanca. Por aquello de ir mejor mes a mes de lo que ya iban, siempre contribuyeron con lo mínimo, en el caso de él, o con nada, en el caso de ella. ¿Desconocimiento? Pese a que este descargo no exime del cumplimiento legal, tampoco se puede alegar como excusa: las gestiones quedaron en manos de un administrador externo, quien seguramente debió proponer ese apaño con el que tener más dinero líquido en los bolsillos. Las consecuencias no han podido ser más nefastas: la pensión mínima, uno, y la no contributiva, la otra. Nadie ha indagado en las razones por las que obraron de ese modo. Y no es un asunto propio solamente de quienes ya van por octogenarios o están a punto de dejar de ser setentones. En la misma familia, una de las hijas, ocupada como conductora de Metro, ejerce labores comerciales el resto del tiempo para una empresa que se dedica a renovar los cuartos de baño, convirtiendo las bañeras en duchas. Este tipo de empresas facturan muy poco, aunque ingresen mucho, porque gran parte de la caja es en negro (y Hacienda lo sabe, pero le resulta más fácil esquilmar a los trabajadores con nónima). El caso es que la comercial ha cobrado la mayor parte de su sueldo en negro desde hace muchos años. Como la Agencia Tributaria por fin ha decidido meter el hocico en este tipo de negocios, la empresa ha pedido a la comercial que facture sus labores como autónoma o como empresa. Y si uno hace cuentas, significa que donde antaño iban seis mil euracos libres al bolsillo, ahora van muchos menos porque, entre Seguridad Social y Hacienda, el descuento es importante... Creo que la comercial está tan indignada que está pensando en dejarlo porque, dice, no le compensa: le basta con lo del Metro, donde pagan bien y se trabaja poco.  La gente es tan egoísta, y tan proclive a unirse al sindicato de la avaricia, que sirve de poco explicar que lo de contribuir y pagar impuestos es como tienen que ser las cosas. Al menos se dan la gran torta de la realidad económica del mundo moderno, donde se paga al Estado en función de los ingresos. Qué maravilloso sería pagar solo por los cuarenta mil euros brutos anuales del Metro y, para quienes cobran más, que el resto estuviera exento de todo, que es lo que, a fin de cuentas, esta comercial, hija de los octogenarios que malviven con pensiones mínimas por no haber querido contribuir en su momento, está reclamando.

Algo parecido reclama la gente acampada en Sol y en otras plazas citadinas, ofuscada con los tenedores de pisos, a quienes denominan buitres, capitalistas y poco menos que nazis, por aquello de que unos señores quisieron que se cumpliese la ley y acabar con el alquiler de renta antigua de una octogenaria acostumbrada a vivir a cuerpo de rey en una zona de Madrid donde se paga cinco veces más por el piso que ella venía injustamente disfrutando. Realmente, fue la justicia quien lo dictaminó, pero eso da igual cuando, al otro lado, ves a una vieja, que se ha ido aprovechando año tras año de las múltiples concesiones políticas para prolongar su egoísmo, sacada del piso donde vivía (y que no era suyo) y con todas las cámaras y objetivos de fotografía apuntando a su rostro. Muchas otras viejas han sido desalojadas de sus viviendas en aras de la legalidad vigente, y muchos jóvenes, y personas de edad madura también. Cada uno sobrelleva su pequeño mal trago a consecuencia de las injusticias que se fueron estirando durante décadas. Cuando hablamos de viviendas, parece que lo normal ha de ser el estatus de okupa o parecido. Es consecuencia directa de estar sufriendo el desgobierno comunistoide, sólo que perroflautas y especímenes allegados, por mucho que el gobierno sea de su color, siempre van a culpar a los buitres y la derecha carroñera. Y, por supuesto, el problema varado ya casi una década sin visos de resolución, porque el único problema que interesa al Gobierno es que el megacorrupto con ramificaciones amistoso-familiares siga anclado en el palacio monclovita. Vivienda, Ceuta, corrupción, metástasis estatal... miren por donde quieran. Está todo necrótico.

La octogenaria creo que, finalmente, se queda en la casa que vivía, aunque no sea suya. Imagino que sus némesis habrán pensado que pronto visitará el camposanto, donde los atardeceres son delicados y silenciosos. Las de mi pueblo van yéndose por goteo a las residencias conforme las plazas van siendo disponibles (misma metáfora). La demografía sigue en descenso y los impuestos en aumento. De modo que la vida sigue igual. Ajustamos nuestras convicciones morales a la realidad imperante porque, en esto, como en tantas cosas, la lucha verdadera es la de los ciudadanos contra los estados, donde proliferan como hormigas los prebostes y funcionarios cuya única aspiración es hacer acopio de cuanto sea posible hasta el momento de contemplar los ocasos junto al camposantero. Y el que venga detrás, que arree.